El norte argentino rendido ante los narcos

Una lluviosa mañana de primavera, Carlos Olivera Pastor vivió una escena de terror a plena luz del día: al salir del Juzgado Nº 2 de Jujuy, a su cargo, encontró una cabeza de humano decapitado que había sido dejada al pie de su auto. “En la tapa de la caja había un numero con cinco dígitos, como el de un expediente judicial –contó–, y en su interior, la cabeza de una persona, con pelo, piel, dientes y ojos”. Era septiembre del 2011 y los jueces federales de Jujuy y Salta comenzaban a alarmarse por la presencia de cárteles de narcotráfico operando en el norte del país.

La región cuenta con cuatro juzgados federales que tienen más de 50.000 causas de contrabando sin resolver, y cubren una extensión de 1.200 kilómetros de frontera a máximas alturas con tres pasos legales –Salvador Mazza, Aguas Blancas y La Quiaca– y un sinfín de pasos clandestinos en una geografía de montañas, y en la actualidad con solo 350 efectivos de Gendarmería para cubrirla. El magistrado no pudo desterrar la imagen de su mente. Lo consideró “un claro mensaje extorsivo y mafioso del narcotráfico”, y meses después pidió licencia y dejó su cargo. Hoy conduce el tribunal Fernando Poviña y las causas por drogas se duplicaron en el último año.

Aprietes. A la escalofriante amenaza se le sumaron otros cuatro aprietes a jueces y fiscales federales en la región. El secretario penal de su juzgado recibió una golpiza, y dos jueces federales y un fiscal de Salta fueron amenazados de muerte. El caso del secretario penal Federico Zurueta fue el que destapó el escándalo de las amenazas. En octubre de 2011, cuando salía de su departamento en el centro de San Salvador de Jujuy, dos desconocidos lo sorprendieron en la puerta y lo golpearon brutalmente. Zurueta estaba a dos días de asumir como Juez de Control provincial jujeño. Lo dejaron tirado en el piso y con un mensaje claro: “No asumas como juez”. El funcionario quedó internado bajo observación durante varios días. Hoy, cuando pasaron ya dos años, todavía no asumió su cargo, al que fue elegido por concurso en la legislatura provincial.

Cuando la tragedia de Zurueta cobró relevancia pública, salieron a la luz los casos de otros magistrados que también habían recibido supuestas amenazas graves. Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Salta, fue amenazado por teléfono en el mismo momento en que, por orden suya, se demolía en el bajo salteño una casa que un grupo de narcotraficantes utilizaba de aguantadero para acopiar y distribuir droga. El fiscal federal José Villalba recibió un susto cuando un hombre bajó de un colectivo con un machete en la mano e intentó entrar a su oficina. El policía que estaba en la puerta lo impidió.

Alarmados, los jueces de la Cámara de Apelaciones pegaron el grito en el cielo advirtiendo sobre el rol de país estratégico que comenzaba a ocupar la Argentina en la ruta del narcotráfico internacional. Pasaron dos años desde las amenazas y esa misma Cámara pidió reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Hernán Lorenzetti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para reconocer una “parálisis del sistema judicial” y suplicar la “intervención necesaria” ante una situación “inmanejable”, según aseguraron en un documento.

Como consecuencia, el martes pasado la Corte Suprema de Justicia reclamó a la administración central acciones “urgentes” contra el narcotráfico tras la alerta de la Iglesia Católica sobre “el drama de la droga”. Un día después, los magistrados del norte del país volvieron a denunciar la “falta de infraestructura de la Justicia” para afrontar el aumento de casos de lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Seguridad, Arturo Puricelli admitió luego que el “crecimiento del narcotráfico es muy grande en el país”, que la frontera es “permeable” y que el Gobierno debe “redoblar los esfuerzos” en su lucha contra este flagelo. “La presión del narcotráfico es muy grande y muy fuerte”, sostuvo. Remarcó también que el Gobierno no se enteró de la grave problemática “por el documento de la Iglesia”, y consideró que “decir que no se está trabajando en esta lucha es una falsedad”.

El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina salió rápido a defender el accionar del Ejecutivo a través de un cable de la Agencia Télam. “El trabajo es constante y los resultados son contundentes, vemos todos los días cómo se desbaratan bandas narcos”, sostuvo, y agregó: Y enfatizó: “Estamos yendo a fondo, con los pesos pesados y no sólo contra un chofer del camión que transporta la cocaína”.

El rol del Gobierno en las fronteras nunca fue consecuente con lo prometido. Ya en el 2009 el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había admitido que “los esfuerzos de Argentina contra las drogas han sido un fracaso”. Lo confesó en una conversación privada con el embajador norteamericano Anthony Wayne, y fue filtrado por WikiLeaks. La administración de Cristina Fernández de Kirchner lanzó luego una prometedora ofensiva: el Plan Escudo Norte, una puesta en marcha de los ministerios de Defensa y Seguridad junto a las Fuerzas Armadas para radarizar y controlar las fronteras del norte argentino. Diversas fuentes consultadas coinciden en que no logró ser efectivo.

“Pedimos acciones concretas porque aunque no quieran aceptarlo no han hecho nada. Necesitamos crear nuevas cárceles, nuevos órganos de justicia y de aduana, designar los jueces vacantes, mejorar el equipamiento, volver a tener los gendarmes que se llevaron a Buenos Aires, y poner escáneres y radares en las fronteras; el Plan Escudo Norte tiene que ser algo más que una presentación con bombos y platillos de la Presidenta”, se quejó ante NOTICIAS Jorge Villada, presidente de la Cámara. “Por más perdidos y colapsados que estemos no podemos dar la imagen de un Estado rendido ante el narcotráfico internacional”, concluyó.

Fuente: Perfil.com